Por Alexandra Velasco

En septiembre del año 2005, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito remitió al despacho del presidente Alfredo Palacio el anteproyecto de reforma a la Ley 2001-41 y a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, para que sea enviada al Congreso Nacional. El objetivo básico de esta reforma era proveer al DMQ los suficientes recursos financieros para ejecutar alternativas de solución a los graves problemas de movilidad, tránsito y transporte en su jurisdicción, lo cual se haría a través de la EMSAT. Esta reforma contemplaba que el 50 % de los fondos provenientes de matrículas, licencias y multas se destinara, en forma automática e inmediata, al DMQ y que, además, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Jefatura Provincial de Tránsito entregara la base de datos de los vehículos registrados en dicho distrito.

A escala nacional se registran 700 mil autos matriculados, de los cuales 320 mil corresponden al DMQ. Por su matriculación se generaron 41 millones de dólares en el año 2005 que equivalen al 40 % del monto total por matriculación de autos en el país. Sin embargo, Quito solo recibe el 5 %, que está destinado por ley a ser utilizado en vialidad. El 95 % restante se distribuye entre la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional (60 %) y el Consejo Nacional de Tránsito (35 %). Además, el inciso tercero de la Constitución Política del Ecuador otorga al Concejo Municipal la potestad de planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, por lo cual es lógico que el gobierno central asigne los recursos necesarios para tales fines.

El presidente Alfredo Palacio se comprometió públicamente en diciembre de 2005 a enviar el anteproyecto de ley al Congreso. Nunca lo hizo y, en marzo de 2006, respondió que esta reforma atenta a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, por lo que se generaría una duplicación de funciones al disminuir recursos al CNT y pasarlos al DMQ. Lo cierto es que el CNT no ha demostrado total eficacia en sus funciones de regular el tránsito nacional: matrículas otorgadas de manera dudosa a choferes profesionales, permisos de circulación a buses y camiones con carrocerías que no ofrecen las seguridades técnicas mínimas, permisos de circulación a transporte interprovincial, sin los debidos estudios técnicos de oferta y demanda de pasajeros y frecuencias de viajes, etc. Lo importante es que, al transferir parte de estas recaudaciones al DMQ, se podrían financiar obras y políticas destinadas a solucionar el caos vehicular que tanto aqueja a nuestra ciudad.

Edición No. 32 - Noviembre 2005