Quito, 21 de febrero del 2008


Economista
Alberto Acosta
Presidente de la Asamblea Constituyente
Presente

Asunto:     Observaciones al Informe de Mayoría sobre la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad VialDe nuestras consideraciones:

1.    Conforme lo señalan investigaciones y datos generados local e internacionalmente, el sec-tor del transporte terrestre constituye la principal fuente de emisión de gases y partículas contaminantes al aire que respiramos en las ciudades y es el consumidor mayoritario de la energía que produce o importa el Ecuador.
Las consecuencias que esto tiene para el ambiente local y global y, por tanto, para la cali-dad de vida de los seres humanos han sido ampliamente documentadas en la literatura científica internacional e incluso en medios de difusión de todo tipo. Por eso, asombra que en el Informe de la Mesa No. 10 no se haya dispuesto ninguna mención y peor acción específica sobre este punto, a pesar de nuestra insistencia.

El argumento señalado en el numeral 2 de la carta de presentación del Informe de Mayoría sobre que se analizó la posibilidad de denominar la ley como de movilidad sustentable es absolutamente deleznable y conceptualmente pobre, puesto que la movilidad sustentable no puede ser considerada como un término “utilizado modernamente” sino como una pro-puesta alternativa que basa su diferenciación en los siguientes fundamentos:

­    El eje de la preocupación no es el movimiento de los vehículos automotores, sino el acceso de las personas a los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus ne-cesidades de trabajo, educación, resolución de trámites o esparcimiento.  Por ello, el uso de vehículos automotores es solamente una opción, no la totalidad del problema.

­    Los modos utilizados por  la gente para resolver sus necesidades de acceso no pue-den reducirse a una opción individual, generalmente influenciada por patrones de con-sumo inducidos por quienes lucran del negocio de la venta de autos y de combustibles, sino que corresponde al Estado ampliar la oferta de posibilidades, considerando la seguridad de todos los usuarios que comparten las vías, la eficiencia energética y el impacto ambiental asociado a cada alternativa.

­    La movilidad de las personas y su libertad de acceso a los diferentes modos para conseguirla, es ante todo un proceso social que tiene profunda influencia en la calidad de vida de los habitantes de un territorio, por lo que su gestión no puede dejarse en manos del mercado, sino que demanda de una intervención del Estado y de la sociedad civil para definir las alternativas más adecuadas, bajo un criterio básico de equidad e inclusión social, que ponga por delante el derecho de los individuos más vulnerables; en este caso, las personas de escasos recursos económicos, así como también a aquellos con necesidades especiales de movilidad como los niños, los adultos mayores y los discapacitados.

2.    A más de las deficiencias conceptuales señaladas, el texto de la ley propuesto en el Infor-me de Mayoría no da cuenta de algunos problemas básicos; por tanto, se está desaprove-chando una oportunidad histórica para enfrentarlos adecuadamente.  En particular, nos re-ferimos a los siguientes:

­    La congestión vehicular es un vicio que corroe cada vez más la vida en las ciudades grandes y medianas.  La ley no plantea nada al respecto y a lo más, intenta regular el caos, peor orientar alguna forma de un manejo alternativo.  Se trata de arreglar la ma-nifestación superficial de lo que está evidentemente mal, pero no se plantea ningún cambio significativo, como impulsar el transporte colectivo de pasajeros o restringir la circulación de autos privados con baja ocupación.  La experiencia mundial muestra que hay otras alternativas viables más allá que las señaladas y este texto no se da por enterado al respecto.

­    El transporte no motorizado es una posibilidad cierta de mejorar la oferta de modos de transporte, pero para que efectivamente cumpla con este objetivo, debe estar cla-ramente identificado.  No es aceptable que se ponga en el mismo saco de “alternativo” a las bicicletas y a las tricimotos o taximotos, cuando estos últimos son vehículos altamente contaminantes, especialmente las motos de bajo costo provenientes del Asia, que tienen una tecnología absolutamente obsoleta.  Las penosas experiencias de las grandes ciudades asiáticas en cuanto a calidad del aire, ruido e inseguridad vial, deberían alertar a los Asambleístas sobre lo que están tratando de incentivar.  Por otro lado, lo verdaderamente alternativo, como el tránsito peatonal o la bicicleta debería ser promovido desde el Estado y no desincentivado con un miope “tienen derecho a circular por donde no estorben a los automóviles” (esto no es una cita textual del Informe de Mayoría, es el sentimiento que provoca lo que se dice al respecto).

­    La seguridad vial no es tratada desde una perspectiva preventiva y se concentra en sancionar a los causantes de accidentes o a reparar los daños y a las víctimas.  Hay dos causas para la alta accidentabilidad en las que esta ley podría incidir y no lo hace.  Lo primero son las fallas mecánicas de los automotores, que en el caso de las unida-des de transporte colectivo de pasajeros, los convierte prácticamente en armas morta-les, como lamentablemente ya ha ocurrido en varias carreteras del país.  Frente a ello, el texto propuesto por la Mesa No. 10 no obliga a que se realicen las revisiones vehiculares de manera seria y técnica, como se lo hace en Quito, que ya lleva 5 años de experiencia y que por esa misma razón ahora se suma la tercera ciudad del país, Cuenca. La propuesta de la mesa no. 10 más bien insiste en un timorato señalamiento al respecto, exactamente igual al de la ley vigente y que no ha posibilitado su concreción en 12 años, por presiones de unos cuantos malos miembros de la Policía Nacional y algunos transportistas inescrupulosos, que han convertido a las revisiones vehiculares en un corrupto negocio, lo cual es un secreto a voces.
 
El otro tema tiene que ver con el diseño y trazado de las vías propiamente dichas y las velocidades de circulación, variables decisivas a la hora de determinar las consecuen-cias de los accidentes.  Pensar que porque hay una señal que dice “velocidad máxima 30 kph” va a lograr que los autos circulen a esa velocidad es ingenuo y todos quienes hacemos uso de las vías lo sabemos.  Por ello, garantizar velocidades racionales en zonas residenciales no puede ser dejado a la voluntad de los conductores, sino que debe ser técnicamente inducido a través de consideraciones de seguridad peatonal es-pecíficas en el diseño de las vías, la asignación de sus espacios y la utilización de herramientas y elementos técnicos apropiados. Sobre esto, el Informe de Mayoría tam-poco dice nada.

Por lo expuesto, insistimos ante usted en los planteamientos de nuestra carta fechada el 21 de enero del 2008 y presentados ante la Mesa No. 10 los días martes 22 y jueves 24 del mismo mes, por algunos de los abajo firmantes y confiamos en que su sensibilidad sobre los temas aquí manifestados contribuya a recuperar nuestra fe en el trabajo de la Asamblea Constituyen-te.  Resumidamente planteamos lo siguiente:

­    Que se defina como prioridad del Estado la promoción del transporte colectivo de pasajeros y de los modos no motorizados, para lo cual se dispondrán no solo de regulaciones específicas y asignaciones económicas específicas, sino que se adicionalmente se dispondrá de un Fondo Concursable para proyectos de este tipo.

­    Que se incorpore un capítulo en la ley referido al transporte no motorizado, orientado a promover e incentivar su uso y no a condenarlo y restringirlo.

­    Que se incorpore en el diseño de vías, disposiciones expresas que garanticen una equidad en la asignación del espacio para los modos de transporte, en función de la cantidad de personas que los usan, garantizando prioritariamente la seguridad.

­    Que se establezca como plazo perentorio el año 2009 para que entre en rigor la revisión técnica vehicular en todo el país, de acuerdo a los procedimientos técnicos establecidos por el INEN.

Consideramos que el pleno de la Asamblea Constituyente debe superar la limitada visión ex-presada por los miembros de la Mesa No. 10, que han demostrado no entender lo que significa la sustentabilidad.

El país no puede dejar pasar esta oportunidad de contar con un instrumento legal adecuado a una problemática tan compleja como la del transporte y la movilidad, que considere la salud y el bienestar de los ciudadanos, así como la calidad del ambiente como elementos centrales de las decisiones.


Atentamente,