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El espacio público vs. El espacio urbano
Por Alexandra Velasco
En las últimas tres semanas varios acontecimientos me han hecho pensar mucho acerca de qué significa el espacio público, quién debe administrarlos, quién decide sobre cómo usarlos y por qué son importantes.
Por citar algunos, el Plan Maestro de Movilidad, el Concurso de ideas para el Parque de El Lago, el uso de la plaza Foch, el parqueadero subterráneo en la Plaza Eugenio Espejo, la recuperación del parque La Kennedy, entre otros.
El Plan Maestro de Movilidad (PMM) y el espacio público
Al haber revisado exhaustivamente el PMM caímos en cuenta que en los lineamientos y definiciones generales no existe ningún capítulo, frase o inciso que hable del espacio público. Y esta incógnita surgió a partir de preguntarnos como ciclistas y peatones ¿por dónde ejercemos nuestro derecho a la movilidad si no es en el espacio público, es decir, las calles, avenidas, veredas o parques? Y profundizando más esta preocupación ¿Alguien nos ha preguntado cómo queremos transitar dicho espacio público? ¿Debemos preguntarnos como ciudadanos de a pie o en bicicleta cómo queremos ver ese espacio público? ¿Si como un espacio con muchos letreros publicitarios o con arboledas, jardineras o bolardos verdes? Si el municipio no tiene un concepto claro de lo que significa el espacio público ni lo contempla dentro de un plan que va a regular, definir y organizar la movilidad en Quito, entonces no sabemos a ciencia cierta cómo se puede hablar de movilidad sostenible sin tomar en cuenta el espacio público.
¿Qué es el espacio público?
Estas dos disyuntivas nos hicieron reflexionar y profundizar sobre qué mismo son los espacios públicos, quiénes deben pensarlos, reorganizarlos o reconstruirlos y por qué son importantes para la sociedad en su conjunto.
La primera definición simple de espacio público es cualquier espacio abierto de la ciudad utilizado por sus habitantes. En este sentido estamos hablando de calles, bancas, jardines, parques, plazas, entre otros. Pero existe otra definición de espacio público. Para algunos sociólogos norteamericanos y europeos, también es el espacio de la opinión pública, es el espacio de la mutua visibilidad en el que la gente se expone a las miradas de los demás y a las iniciativas ajenas. Es el espacio que no es privado. Es el espacio colectivo por excelencia, el espacio común y social por antonomasia. Basta con mirar el Ciclopaseo de Quito donde se ha generado diversas miradas de nuestras calles, donde se ha permitido que los quiteños miremos a nuestra ciudad y sus habitantes con otros ojos, donde el comportamiento humano se ha transformado a partir de la permutación de un espacio cotidianamente ajeno e inhóspito, alienado y conducido por máquinas motorizadas, a un espacio donde podemos re-conocernos y relacionarnos.
Por ello, tal como dice Flanagan (2002, 23), el espacio público modela la conducta del individuo y la tensión social es negociada por el manejo de cada persona, es decir, los espacios públicos urbanos afectan lo que pensamos y lo que hacemos.
Es así como el espacio público se convierte además en una “experiencia pública” a partir de los pequeños grupos que se apropian del mismo mediante un uso rutinario de restaurantes y/o secciones de plazas y parques que en el devenir del tiempo los convierte en residentes con “derecho al lugar”. Ejemplos como la oposición de varios moradores y asiduos visitantes del Parque Metropolitano que se organizaron para oponerse a una vía que bordeaba dicho parque en el lado suroccidental y conectarse con la Capilla del Hombre en Bellavista ó la voz de protesta de varios grupos ciclistas y ciudadanos ante la eventual paralización del Ciclopaseo como solución propuesta por la Policía Nacional frente el caos vehicular en el Trébol, dan cuenta de este fenómeno social.
Según Flanagan, la asiduidad a estos espacios crea también una cierta identidad en el grupo a partir de actitudes y lenguaje del cuerpo que las hace reconocerse a sí mismos como personas relajadas, abiertas y muy dueñas del rumbo de su vida.
Otros estudios europeos dirigidos por Jordi Borja (2003) han sistematizado la discusión de los espacios públicos y la privatización de los mismos en el marco de las ciudades globales proponiendo su rescate a partir de las ventajas que significa en términos de la cohesión social y de la estructura de la ciudad.
Y en Quito la concesión de ciertos espacios públicos ha devenido en una privatización no explícita pero evidente que a la larga termina afectando la calidad o la apertura de uso de dicho espacio. Por citar algunos ejemplos las canchas cerradas del Parque La Carolina, las laderas del Pichincha por donde va el Teleférico o la misma Plaza Foch. Para Jordi Borja el rescate es posible sólo cuando se cumplen ciertas características: que sea del dominio público, que posea un uso social colectivo y que cuente con múltiples funciones. Además deben caracterizarse “… físicamente por su accesibilidad, lo que lo convierte en un factor de centralidad […] por la intensidad y calidad de las relaciones sociales que facilita y […] por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales” (ídem, 46-47). En este sentido, la recuperación del Centro Histórico, parques como Río Grande, Las Cuadras, la Kennedy o el Mirador de San Juan calzan perfectamente en esta concepción de rescate.
En contraste vemos obras como el Parque Lineal Machángara, las paradas del Metrobús – Q, las barandas “atrapapeatones” en varias avenidas o algunos tramos de la Ciclo – Q por las veredas que han devenido de más a menos por su poca usabilidad, “afeamiento” o falta de planificación en su mantenimiento y/o posterior promoción. Ambos panoramas, es decir, de espacios públicos acertadamente recuperados y otros mal gestionados, evidencian que el municipio ha tenido una política pública poco clara de planificación, recuperación, re-organización, administración y posterior mantenimiento de los espacios públicos y más bien ha tratado este tema desde una visión aislada y parcelada de los mismos. Borja afirma que muchas administraciones caen “…en un funcionalismo eficientista dotado de un instrumental separador más que integrador (la zonificación, los modelos), justificado por urgencias sociales (vivienda, equipamientos básicos) y acentuado por la compartimentación de las administraciones públicas y de los cuerpos profesionales (por ejemplo, transportes/ingenieros sin otras visiones del desarrollo y del funcionamiento urbanos). El resultado ha sido casi siempre la aplicación de políticas sectoriales en lugar de realizar actuaciones que articulen la diversidad y la complejidad de las demandas urbanas”. (Borja 2003, 47).
Esta reflexión nos hace pensar que se requiere de una vigilancia ética ciudadana para evitar la privatización y/o el sesgo en el uso y percepción de dichos espacios con dominio en la función comercial. Esto no quiere decir “oponerse” a la función comercial, tan legítima como cualquier otra en la sociedad, pero sí mantenerse vigilantes por los simbolismos e imaginarios que se crean en los usuarios cuando existe una predominancia excesiva de esta función o cuando se favorece a un solo sector en desmedro de otros.
La estrategia de producción de espacios públicos, según el autor, debe considerar la regeneración de los mismos (centros históricos, vías urbanas, equipamientos socioculturales en la periferia), su reconversión (industrias desactivadas, cuarteles, etc.), y su producción ex novo (espacios forestales, reservas ecológicas en el área rural o urbana, etc.) desde la administración pública de los gobiernos locales, pero necesariamente supervisada por la ciudadanía ya que ésta figura como sujeto de la política urbana, y además, porque la única manera de hacer ciudadanía es interviniendo en la construcción y gestión de la ciudad.
Para Biciacción el espacio público “ni se compra ni se vende” y además debería ser la prolongación del privado. Con respecto a la primera premisa el EP “no es propiedad del Aparato Estatal; es del Estado, término que se emplea para indicar que es “de todos los ecuatorianos” y en el caso de Quito, de los quiteños, quienes con nuestro voto mayoritario entregamos la administración y protección del aparato de Estado a los servidores públicos. Un gobierno no puede “venderlo”, mientras no se le cambie la norma, de “espacio público” a “bien fiscal”. La administración tiene la obligación de mantener la ciudad en buen estado. Lo urbano es otra cosa. El problema es que se quiere planificar lo urbano, no la ciudad.
Por otra parte, cuando hablamos del paso desde lo privado hacia lo público, la mayoría de quiteños no sentimos el espacio público como un elemento de todos, como un lugar de socialización esencial. Cuidamos la propiedad privada, pero nos desentendemos de la pública. En Holanda son los propios ciudadanos quienes se encargan de diseñar el lugar en el que viven. A través de organizaciones ciudadanas, vecinales, de barrios -y con el apoyo monetario de la Administración- son las personas las que describen sus necesidades que luego son interpretadas y solucionadas por los diseñadores.
Asumiendo que los espacios públicos afectan nuestras conductas y actitudes cotidianas hacia los demás y hacia nosotros mismos, el municipio como ente administrador de los recursos públicos y entre ellos, de los espacios urbanos, debería normar y regular el uso de los mismos en función de mejorar la calidad de vida de los habitantes y facilitar los mecanismos de participación ciudadana que nos permitan preguntarnos cómo queremos vivir, usar y transitar los espacios públicos, si queremos ver letreros de publicidad fija o rodante (un absurdo ante tanto tráfico!) en cada cuadra o más jardineras, árboles o arte urbano; si queremos un Parque del Lago donde se perpetúe el tráfico o un Parque que sea una red de espacios verdes y naturales para los quiteños; si queremos ver durante el Ciclopaseo o en los parques de la ciudad carpas o banners promocionales de productos de los auspiciantes e impulsador@s que nos llenan de hojas volantes que luego pararán en el tacho de la basura o si queremos ver y aprender en sitios destinados a la educación, al arte, la historia, la risa o algo que nos invite a olvidarnos un rato de la absurda cotidianidad motorizada; de si queremos que en la Plaza Foch haya más parqueaderos para autos o más bancas que no sean las de los restaurantes o pubs del lugar, para sentarnos.
En este sentido, no hay duda de que el espacio público se está revalorizando al constituirse en un componente central de la vida colectiva y de las ciudades sostenibles. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de integrar elementos humanos a las consideraciones arquitectónicas y urbanísticas. Por poner un caso, el Plan Maestro de Movilidad debería reflejar una red vial, diseñada de tal forma, que permita acceder a cualquier parte de la ciudad desde diferentes puntos sin pasar por el centro. A modo de imagen: la tela de araña. También se debería promover con más consistencia la opinión y participación frente al uso final que se le va a dar al aeropuerto Mariscal Sucre, consultar a los ciudadanos por dónde necesitamos ciclovías, preguntar a los peatones cómo se sentirían más seguros al cruzar una calle, sin con puentes peatonales o barandas en la mitad de la cuadra o pacificadores del tráfico.
El reto es de todos: no sólo del municipio, sino de los quiteños, de quienes transitamos cotidianamente los espacios públicos, porque los seres humanos acostumbramos respetar lo que amamos y amar lo que conocemos.
Bibliografía:
Borja, Jordi y Zaida Muxi. 2003. El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelona: Editorial Electa.
Flanagan, William G. 2002. An invitation to urban studies, en: Urban sociology: images and structura, cuarta edición. Boston, MA.: Ed. Allyn & Bacon.
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